El fin del subsidio al diésel enciende protestas masivas

La medida, parte de su plan para reducir el déficit fiscal y cumplir con las metas pactadas con el FMI, encendió el malestar de transportistas, agricultores y comunidades indígenas, que alertan de un fuerte impacto en los costos de vida y producción. El Gobierno ofreció compensaciones temporales, pero dejó claro que no dará marcha atrás.
La decisión desató protestas con cortes de carreteras en varias provincias, lo que llevó a Noboa a decretar el estado de excepción y trasladar la sede del Ejecutivo a Latacunga, epicentro histórico de las movilizaciones indígenas. En respuesta, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (la Conaie) convocó un “paro nacional indefinido” y declaró el “estado de excepción comunitaria” en sus territorios, mientras el Ejecutivo endureció el tono al advertir que denunciará por terrorismo a quienes bloqueen servicios básicos. La tensión ha reactivado un conflicto social que ya tumbó intentos similares de Lenín Moreno en 2019 y Guillermo Lasso en 2022.

Una polémica consulta para una nueva Constitución

En paralelo, Noboa convocó una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, alegando que el país requiere una “reconfiguración total” del Estado frente a la violencia récord, la crisis climática y los desafíos tecnológicos. Lo hizo sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, como exige la Carta Magna. El tribunal respondió suspendiendo temporalmente el decreto lo que abre un nuevo pulso con el Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral confirmó que el 16 de noviembre se celebrará un referéndum, aunque solo con las dos preguntas validadas por la Corte: permitir la presencia de bases militares extranjeras y eliminar el financiamiento público a los partidos. La incógnita ahora es si la pregunta sobre la Constituyente llegará finalmente a las urnas, mientras el marco institucional se ve tensionado, una vez más, por el enfrentamiento entre poderes.