La simplificación contable abre un camino de crecimiento para las pymes

Carlos Sánchez - Colaborador de Asesores de Pymes externo a Cesce

El reciente giro del Ministerio de Economía en la definición del tamaño de las pymes representa una noticia esperanzadora para el tejido empresarial español. Lejos de tratarse de un cambio técnico sin consecuencias, esta decisión tiene un fuerte impacto positivo en la competitividad, la eficiencia y el margen de maniobra de miles de empresas que, hasta ahora, se veían atrapadas en exigencias contables propias de compañías mucho mayores. El Gobierno ha decidido finalmente llevar al máximo permitido por la normativa europea los umbrales que determinan qué empresa es considerada pyme o mediana, en respuesta a la presión de patronales como Cepyme, Pimec o Confebus, que venían alertando del desfase de los límites actuales.

Durante más de 17 años, los criterios para clasificar a una empresa como pyme no se habían actualizado, pese a la inflación acumulada, la transformación digital, la subida del salario mínimo y la evolución del tejido económico. Bajo los parámetros vigentes hasta ahora, se consideraba pyme a una empresa con menos de 50 empleados, activos por debajo de los 4 millones de euros y facturación inferior a 8 millones. Con la reforma, esos límites se elevan a 7,5 millones en activos y 15 millones en ingresos, lo que permitirá que muchas empresas que ya estaban creciendo -pero eran tratadas como grandes en términos contables- puedan beneficiarse de los criterios simplificados de presentación de cuentas.

El ajuste no solo responde al contexto nacional, sino que se alinea con la directiva europea de octubre de 2023, que recomendaba precisamente actualizar los umbrales un 25% para adaptarlos a las circunstancias postpandemia. El Ejecutivo ha optado, con buen criterio, por ir más allá de esa recomendación y aplicar directamente los topes máximos autorizados por Bruselas, situando a España en la vanguardia de la simplificación normativa.

La medida implica también que muchas empresas podrán presentar cuentas abreviadas y quedarán exentas de auditoría obligatoria. De hecho, se estima que unas 4.000 sociedades dejarán de estar obligadas a auditar sus balances, lo que supone un ahorro directo de más de ocho millones de euros anuales solo en trámites contables. Esa cifra, que podría parecer modesta en términos macroeconómicos, representa una diferencia sustancial para pequeñas empresas que luchan por mantener márgenes viables en un contexto de alta presión fiscal, inflación acumulada desde 2020 y dificultades para acceder a financiación.

Reducir la carga administrativa no significa perder el control. Las empresas seguirán estando obligadas a llevar una contabilidad fiel y coherente, presentar cuentas anuales y responder ante Hacienda o los socios. Pero se les libera de una parte significativa del papeleo que consumía tiempo, recursos y dinero. Así, pueden dedicar más atención a lo que realmente importa: innovar, contratar, competir, exportar. Todo ello, sin tener que temer que un leve crecimiento en la facturación las haga entrar en un régimen fiscal o contable que no se corresponde con su estructura real.

La crítica más repetida proviene del sector de la auditoría, que ve en esta relajación normativa una amenaza para la transparencia y la fiabilidad contable. Instituciones como el ICJCE y el Consejo General de Economistas han mostrado su preocupación por el impacto que podría tener la supresión de auditorías obligatorias. Pero conviene recordar que la obligación formal de auditar nunca ha sido el único garante de la transparencia empresarial. Existen múltiples mecanismos complementarios: desde auditorías voluntarias y revisiones internas hasta requisitos de supervisión para acceder a financiación bancaria o fondos públicos. En este sentido, lo deseable es que las empresas con vocación de crecer mantengan altos estándares, aunque no se les imponga por ley.

La gran virtud de esta reforma es que introduce flexibilidad sin renunciar al rigor. Favorece la eficiencia administrativa sin desproteger a los inversores ni al Estado. En el fondo, reconoce una realidad que ya estaba sucediendo de forma subterránea: muchas empresas con estructuras modestas se veían forzadas a adoptar obligaciones desproporcionadas porque habían superado marginalmente algún umbral. Ahora se les concede un margen para consolidar su crecimiento sin penalizaciones.

El momento para aplicar esta medida no podría ser más oportuno. Las pymes han soportado durante los últimos años una doble presión: por un lado, la inflación que ha encarecido desde la energía hasta las materias primas; por otro, el aumento del salario mínimo, que ha tenido un impacto especialmente fuerte en sectores con alta intensidad de mano de obra. A esto se suma un contexto financiero aún marcado por los tipos de interés elevados. La simplificación normativa, en este escenario, actúa como un incentivo indirecto al crecimiento. Al eliminar trabas, se permite que las empresas enfoquen sus recursos en mejorar productividad, digitalización y expansión, en lugar de cubrir burocracia.

España arrastra un problema estructural de atomización empresarial. Muchas pymes no crecen no por falta de mercado, sino porque el salto de categoría conlleva nuevas obligaciones fiscales, laborales o contables. Reformas como esta contribuyen a suavizar esa transición. Si queremos un tejido productivo más robusto y preparado para competir a escala internacional, debemos facilitar que las empresas evolucionen sin obstáculos desproporcionados. El cambio normativo es, por tanto, no solo un gesto de sentido común, sino una estrategia inteligente para fortalecer la base del crecimiento económico.

El anteproyecto se encuentra todavía en fase de consulta pública, pero su orientación parece clara: menos trabas, más flexibilidad, mayor adaptación al entorno real. Si se mantiene el enfoque, España dará un paso decisivo hacia una estructura empresarial más moderna y dinámica. La clave será aplicar este marco con responsabilidad, acompañando a las empresas con asesoramiento, buenas prácticas contables y acceso a herramientas de gestión que suplan, cuando sea necesario, el papel de la auditoría externa.

La reforma, en definitiva, abre una oportunidad para que miles de empresas respiren, crezcan y se preparen mejor para los retos del futuro. No se trata solo de aligerar cargas: se trata de apostar por un tejido productivo más fuerte, menos encorsetado y más competitivo. En tiempos de incertidumbre, tomar decisiones valientes y pragmáticas como esta puede marcar la diferencia.